Señala la parte quejosa que el acuerdo reclamado, así como fue emitido, vulnera su derecho humano como adulto mayor pues a su consideración no se garantizan las condiciones de salud, ya que la prueba de inspección judicial asistida de peritos proviene del hijo, de su hijo ****** ** ***** ****** *****, este último quien le ha producido afectaciones físicas y emocionales; y por tanto, y por tanto la prueba le genera estrés (fojas 10 y 11)Que no sabe cuál será la duración de la prueba, la forma en que se desarrollará, la metodología que se usará ni el tipo de tratamiento al que será sometida; agrega que se le aplicará una evaluación física y psicológica, a cargo de psicólogos que estima no son los idóneos para el desahogo de la prueba, pues indica que son médicos psiquiatras quienes deben desahogarla (foja 12 y 15 vuelta).De igual manera, que no se opone al desahogo de la prueba pericial, pero que el lugar en que se desarrollará (domicilio de la quejosa) no es el idóneo porque se vulnera su derecho a la intimidad, ya que la propia quejosa ha manifestado su deseo de que la prueba no se desahogue en su domicilio y por tanto, indica que la prueba debe practicarse en un hospital AAA de su elección, donde se reúnan todas las condiciones de equipamiento y de asistencia médica (foja 12 vuelta a 15)Que el cuestionario de la inspección es ambiguo e insidioso, no establece las bases sobre las cuales pretende llevarse a cabo su desahogo, y carece de todas las formalidades necesarias para que pueda llevarse a cabo una correcta evaluación psicológica de la quejosa, pues por su edad debe ser psicogeriátrica, que conlleva una serie de requisitos y particularidades que no tiene una prueba pericial psicológica genérica, lo que viola su derecho humano de legalidad y seguridad jurídica.
